Villarreal Ochoa señaló que la falta de confianza en las instituciones limita la competitividad del país, por ello, entre los retos que deben privilegiarse es la profesionalización y certificación en materia penal y de seguridad pública.

Por ello, se requiere que jueces, agentes del ministerio público, policías, peritos y defensores de oficio, cuenten con las condiciones idóneas para ejercer un desempeño profesional y transparente que indiscutiblemente se concretarán a través de la evaluación y certificación de competencias.

El director general adjunto de Promoción y Desarrollo comentó que contar con elementos policíacos mejor preparados y fortalecimiento del proceso de reclutamiento, selección y profesionalización de dichos cuerpos de seguridad que elevará su competitividad en este sector.

En este sentido, comentó que se requiere transparentar las decisiones sobre el personal, optimizar el gasto en capacitación al alinearlo con base en competencias, incrementar el prestigio y valor social del servicio público.

Es necesario delinear, añadió, un instrumento para administrar el plan de carrera basado en competencias y elevar la eficacia en el desempeño, responsabilidad, honestidad y adhesión a los principios y valores de la democracia.

En dicha evento participaron 28 de los 32 encargados de las áreas de formación y capacitación de las Fiscalías y Procuradurías del país.